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3r princio Alianza Cooperativa Internacional

3er principio: participación económica de los miembros

Los miembros contribuyen de manera equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte de dicho capital suele ser propiedad común de la cooperativa. Los miembros suelen recibir una compensación limitada, si la hubiera, sobre el capital aportado como requisito de afiliación a la cooperativa. Los miembros destinan los excedentes repartibles a cualquiera de los fines siguientes: al desarrollo de la coope­rativa –posiblemente mediante la creación de reservas, al menos una parte de las cuales será de carácter indivisible–, a la retribución de los miembros de manera proporcional a sus transacciones con la cooperativa, y a sufragar otras actividades aprobadas por los miembros.

  1. Introducción

Las cooperativas existen para satisfacer las necesidades de las personas y no principalmente para generar una rentabilidad especulativa sobre el capital invertido en ellas. El principal motivo por el que la gente forma una cooperativa es el de ser autosuficiente. Este 3er principio describe cómo los miembros invierten en su cooperativa, cómo consiguen o generan el capital y cómo distribuyen el excedente repartible.

Este 3er principio de participación económica de los miembros fue aprobado en su forma actual cuando se formularon por última vez los principios y valores cooperativos en la asamblea general de la Alianza en Mánchester (Inglaterra) en 1995. Es una combinación de la naturaleza y de los principios que afianzan la participación económica de los miembros en una cooperativa, que antes de la reformulación de 1995 aparecían plasmados en dos principios distintos. Estos dos principios eran:

“El capital social solo debe recibir un tipo de interés estrictamente limitado, si lo hubiera.”

“El excedente repartible deberá distribuirse de manera equitativa mediante: asignación a reserva provisión para servicios comunes distribución en proporción a la utilización que hacen los miembros de los servicios de la cooperativa.”

 

 

En la revisión de los principios de 1966, la Alianza abandonó las operaciones en efectivo como un principio cooperativo central, después de que la revisión de 1937 ya hubiese declarado que su cumplimiento no era uno de los tres principios fundamentales necesarios para la afiliación. La reformulación de este 3er principio en 1995 fue, por lo tanto, el fruto de un largo período de debate.

La asamblea general de 1995 de la Alianza, que aprobó eliminar los estrictos límites de remuneración de las contribuciones de capital social de las cooperativas, introdujo también, mediante enmienda, la noción de la propiedad colectiva del capital. Esta enmienda fue propuesta por la delegación francesa, que era partidaria de asegurarse de que el concepto de propiedad colectiva, tan importante en las cooperativas de trabajadores, no desaparecía. La idea de propiedad colectiva del capital por parte de las cooperativas, al igual que algunos de los principios cooperativos, tienen su origen en el “Reglamento para sociedades cooperativas unánimemente adoptado en el 3er Congreso cooperativo celebrado en Londres en 1832 y presidido por Robert Owen”. Entre sus normas figuraban las siguientes:

“Con el fin de garantizar, sin posibilidad de fracaso, la consecución de estos objetivos deseables, es decisión unánime de los delegados aquí reunidos que el capital acumulado por tales asociaciones deba adoptar un carácter indivisible, y cualesquiera sociedades mercantiles constituidas para la acumulación de beneficios, con vistas únicamente a la obtención de un retorno de los mismos en un momento futuro, no podrá reconocerse, según lo decidido por este Congreso, ni identificarse con el mundo cooperativo, ni admitirse en esta gran familia social que avanza hoy en día con rapidez hacia un estado de comunidad independiente e igualitaria”.

El catedrático Ian MacPherson, decano del Centro de Estudios Comunitarios y Cooperativos en la Universidad de la Columbia Británica en Victoria, Isla de Vancouver (Canadá), participó en los comités de la Alianza y redactó las recomendaciones de la Alianza para la reformulación de los principios en 1995. Ian, un encantador y dedicado cooperativista, ya fallecido, por desgracia, explicaba en aquel entonces:

“De igual manera, el Tercer principio, que trata de la participación económica de los miembros, se sitúa claramente dentro de la perspectiva de los miembros. Difiere en varios aspectos de los dos principios anteriores sobre operaciones financieras de la cooperativa y se denomina ‘Participación económica de los miembros’. Hace hincapié en la importancia vital de que los miembros controlen el capital de su organización y estipula que deben recibir una compensación limitada sobre el capital aportado como requisito para pertenecer a la cooperativa. Este principio permite una rentabilidad comercial sobre el capital invertido de otras formas por los miembros. En cuanto al capital procedente de otras fuentes, deberían considerarse las implicaciones de atraer este tipo de capital habida cuenta del principio de autonomía: la preocupación principal debe ser siempre preservar la capacidad de los miembros para decidir sobre el destino de su organización.

Hubo un largo debate sobre la inclusión de una referencia a las reservas de carácter indivisible. La formulación de 1966 no hacía referencia a este aspecto normal de la estructura económica cooperativa, quizás porque el asunto había ido creciendo en complejidad y las prácticas estaban empezando a variar. El desafortunado resultado fue que muchos cooperativistas habían olvidado la importancia de la propiedad común del capital, como símbolo diferenciador de las cooperativas, como garantía para su crecimiento financiero y como medida de protección en tiempos adversos.

El problema de incluir una referencia a las reservas de carácter indivisible radicaba en encontrar la formulación perfecta para un espacio limitado. Tras un prolongado debate a lo largo de dos reuniones, el consejo rector decidió que la formulación más adecuada, propuesta en la reunión de la región europea, pasaba por añadir dos cosas. La primera era una oración: “Al menos una parte de dicho capital suele ser propiedad común de la cooperativa”. La segunda era indicar que los miembros, al distribuir una parte o todo el excedente repartible de las cooperativas, debían considerar la creación de reservas, “al menos una parte de las cuales será de carácter indivisible”.1

El escenario en que se produjo el debate sobre la formulación del 3er principio muestra que el concepto económico fundamental que quiere consagrarse es que en una cooperativa el capital sirve a la empresa, no la dirige. Toda la estructura de la empresa cooperativa se concibe alrededor del concepto del capital sometido al servicio de las personas y del trabajo, y no el trabajo y las personas sometidas al capital. La cuestión principal que aborda el 3er principio es: “¿Cómo se hace para que esto funcione?” Como todo lo relativo al dinero, este 3er principio es la parte más delicada y escabrosa de los principios cooperativos, aunque no necesariamente la más importante. De hecho, este 3er principio es principalmente una traducción económica de la definición de identidad de una cooperativa y de las implicaciones financieras del 2o principio de control democrático por parte de los miembros.

Dada la enorme diversidad y dimensiones de las empresas cooperativas, la aplicación práctica de este 3er principio económico está, necesariamente, llena de salvedades; salvedades que se reflejan en las palabras “al menos” y “suele” que componen la redacción del principio. Estas salvedades prácticas se han ido incorporando a un ritmo constante a este 3er principio con el fin de abarcar la gran diversidad de prácticas distintas de las cooperativas.

Estas salvedades muestran lo escabroso y difícil que resulta convertir al capital en sirviente y no en amo. Con ellas se concede cierto margen a las cooperativas para ser creativas e innovadoras en la obtención de capital, una problemática que está siendo estudiada en profundidad por la Comisión Blue Ribbon de la Alianza sobre Capital Cooperativo.2 Las cooperativas con unas exigencias de capital elevadas, como las cooperativas industriales, agrícolas o financieras, quizá necesiten este margen para cumplir con requisitos normativos que no tienen en cuenta debidamente la naturaleza del capital y del riesgo de los miembros dentro de las cooperativas. La esencia del 3er principio es que el capital debe obtenerse de modo que sea compatible con la definición de cooperativa que aparece en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa y con el carácter democrático de una empresa cooperativa.

  1. Interpretación de palabras y frases

“Los miembros contribuyen de manera equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan democráticamente”. En esta frase la palabra “capital” debe entenderse como un concepto económico y no limitado al concepto utilizado en contabilidad para denominar el capital social de una empresa. Los títulos de afiliación que aportan capital en una cooperativa no son acciones como las de las sociedades anónimas propiedad de inversores. El capital desembolsado por los miembros no es dinero invertido principalmente para generar un retorno de la inversión sobre el capital, sino que es un “depósito conjunto” que se invierte para producir bienes, servicios o empleos que necesitan los miembros a un precio justo.

“Contribuyen de manera equitativa” es lo que un observador imparcial consideraría como contribución justa y razonable dadas las circunstancias de cada cooperativa y la capacidad de sus miembros. No significa que todos los miembros tengan que contribuir de igual manera. Tampoco significa que los miembros que se incorporen tengan que realizar la misma contribución al capital para afiliarse al margen de la antigüedad de la cooperativa y el patrimonio acumulado del que disponga. La contribución al capital de la cooperativa y su control democrático vinculan claramente este principio al 2o principio de control democrático por parte de los miembros. Los miembros pueden contribuir al capital de cuatro maneras:

En primer lugar, en la mayoría de cooperativas se requiere de los miembros que contribuyan al capital común invirtiendo en un título de afiliación o en varios títulos de afiliación –que pueden ser partes sociales con voto o una combinación de partes sociales con y sin voto– para pertenecer a la cooperativa y disfrutar de las ventajas de la afiliación. Normalmente no se pagan intereses sobre el título o títulos de afiliación y si se hace, suele ser a un tipo limitado.

En segundo lugar, a medida que las cooperativas prosperan, pueden crear reservas a partir de los excedentes repartibles retenidos procedentes de las actividades de la cooperativa.

En tercer lugar, las cooperativas pueden tener unas necesidades de capital mayores que lo que pueden ahorrar con sus actividades económicas. Muchas cooperativas esperan que los miembros contribuyan con regularidad aportando una parte de sus retornos (en ocasiones denominados “reembolsos por participación”) para destinarlos a las reservas. En estos casos las cooperativas no pagarían intereses sobre los retornos o reembolsos por participación de los miembros retenidos en las reservas, pero el afiliado se beneficiaría de una participación continuada y de los futuros retornos o reembolsos por participación. En la mayoría de cooperativas de consumidores, los retornos o los reembolsos por participación se guardan en sus cuentas de partes sociales, en lugar de llevarlos a las reservas de la cooperativa, y reciben un interés limitado.

En cuarto lugar, las cooperativas pueden invitar a los miembros a que hagan inversiones de capital voluntarias y adicionales que no otorgan derecho a voto.

 

“Al menos una parte de dicho capital suele ser propiedad común de la cooperativa.” Este enunciado refuerza la necesidad de que los miembros contribuyan al capital de su cooperativa y que lo hagan de manera equitativa. Los miembros también controlan el capital de su cooperativa. Las dos formas principales de control son:

1 Ian MacPherson; “Principios cooperativos” [Co-operative Principles], ICA Review, Vol. 88 N.º 4, 1995. en www.uwcc.wisc. edu/icic/orgs/ica/pubs/review/ICA-Review-Vol–88-No–4–19951/

 

En primer lugar, con independencia de cómo obtienen capital las cooperativas para su funcionamiento, la autorización final para todas las decisiones debe seguir correspondiendo al conjunto de miembros en asamblea general.

En segundo lugar, los miembros deben tener derecho a ser propietarios de, al menos, una parte del capital de forma colectiva, como plasmación de lo que han logrado de modo colectivo como cooperativa.

“La propiedad común de la cooperativa” hace referencia de nuevo al significado económico del capital. Significa que parte del capital de una cooperativa, ya esté compuesto por excedentes repartibles retenidos o haya sido aportado en su momento por los miembros mediante títulos de afiliación, es propiedad común de la cooperativa y no es propiedad de los miembros ni éstos pueden retirarlo, es decir, tiene carácter “indivisible”.

“En general los miembros reciben una compensación limitada, si la hubiera, sobre el capital aportado como requisito para pertenecer a la cooperativa.” El capital invertido como requisito para pertenecer a la cooperativa, a través de títulos que otorgan derechos de votación, reciben en general un interés o compensación limitados, si los hubiera. El capital invertido voluntariamente no se invierte “como requisito para pertenecer a la cooperativa” y, por lo tanto, puede conllevar el pago de un interés sobre la inversión, aunque a un “tipo justo”, no especulativo. En la revisión de los principios de 1934/1937, este “tipo justo”, también denominado “interés al capital”, fue descrito como “el tipo más bajo suficiente para obtener la financiación necesaria”. Se trata de una restricción tan importante como difícil de aplicar, ya que existe el peligro de que al sobrepasar el tipo justo, los miembros podrían empezar a invertir en una cooperativa para obtener una plusvalía del capital en lugar de buscar la prosperidad de su empresa cooperativa.

“Los miembros destinan los excedentes repartibles a cualquiera de los fines siguientes: al desarrollo de la cooperativa, posiblemente mediante la creación de reservas, al menos una parte de las cuales será de carácter indivisible; a la retribución de los miembros de manera proporcional a sus transacciones con la cooperativa; y a sufragar otras actividades aprobadas por los miembros.” Esta frase explica las tres maneras en que los excedentes repartibles pueden utilizarse cuando la actividad de las cooperativas los genera. Siendo siempre conscientes de la necesidad de proporcionar viabilidad a largo plazo de su cooperativa, los miembros tienen el derecho y la obligación, de forma colectiva, de decidir cómo se distribuye el excedente repartible. Estas tres maneras son:

el desarrollo de la cooperativa, posiblemente mediante la creación de reservas,

la retribución de los miembros de manera proporcional a sus transacciones con la cooperativa, y

sufragar otras actividades aprobadas por los miembros, entre ellas las que se ajustan a los principios cooperativos 5o, 6o y 7o.

 

“Posiblemente mediante la creación de reservas, al menos una parte de las cuales será de carácter indivisible”. Normalmente, la totalidad o una parte considerablemente amplia de los beneficios retenidos por una cooperativa, denominados “reservas de carácter indivisible” de la cooperativa, son de propiedad colectiva. En las cooperativas con más trayectoria, estas reservas de carácter indivisible representan los logros de muchas generaciones de miembros y, a menudo, son el objetivo de personas que pretenden desmutualizar cooperativas. Esta protección voluntaria del “capital colectivo” de la cooperativa puede, en algunas jurisdicciones, reforzarse legalmente mediante un “bloqueo de activos” jurídico que impida la distribución de los activos residuales a los miembros en el momento de la disolución de una cooperativa. Los activos son propiedad común para siempre y no pueden compartirse en el supuesto de disolución o liquidación. Tras el pago de toda deuda residual, los activos sobrantes conservarán su carácter indivisible y serán utilizados para el desarrollo del movimiento cooperativo. Éste es el significado y la definición de “reservas de carácter indivisible”.

 

  1. Documentos de orientación

LAS COOPERATIVAS SON MÁS QUE UNA SIMPLE ENTIDAD ECONÓMICA: EN ELLAS TAMBIÉN SE ABORDAN NECESIDADES Y ASPIRACIONES SOCIALES Y CULTURALES

El 3er principio está completamente dedicado a la participación económica de los miembros en su cooperativa. Sin embargo, sería erróneo interpretar este principio de manera aislada y reducir así las cooperativas a poco más que su dimensión económica. Este 3er principio es solo un aspecto de la identidad cooperativa. Por eso vale la pena examinar este principio en conjunto con los demás componentes de la definición de identidad cooperativa incluida en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza.

En la definición que hace la Alianza sobre la identidad cooperativa, es importante señalar que, si bien se menciona primero la dimensión económica de las cooperativas, las “aspiraciones y necesidades” sociales y culturales comunes figuran en un plano de igual importancia. Lo cual refleja las intenciones de los fundadores del movimiento cooperativo moderno, que pretendían transformar la sociedad y veían su cooperativa como algo más que una empresa económica. Las necesidades y aspiraciones sociales y culturales se sitúan en el mismo nivel que la dimensión económica de todas las cooperativas. Confirma la idea de que una cooperativa es una empresa de compromiso humano por parte de las personas que la integran y que hacen de una cooperativa una realidad económica, social y cultural. No obstante, también puede tener otras dimensiones y propósitos, por ejemplo, las cooperativas sociales o culturales que desarrollan actividades sin posibilidades de comercialización en un mercado. En este último caso, la dimensión económica no es sino el medio de alcanzar un fin para las actividades de una cooperativa.

UNA EMPRESA DE PROPIEDAD CONJUNTA Y CONTROLADA DEMOCRÁTICAMENTE

La Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza define una cooperativa como “una asociación autónoma y voluntaria de personas cuyo objetivo es satisfacer necesidades comunes, tanto económicas como sociales y culturales, a través de una empresa cuya propiedad comparten todos sus miembros y que es controlada democráticamente por ellos”. Esta definición marca la diferencia entre el valor de un título de afiliación en una cooperativa y una acción ordinaria en una sociedad de propiedad personal o en una sociedad anónima propiedad de inversores. Un título de afiliación en una cooperativa se invierte en la cooperativa como capital circulante común para su actividad, con el fin de que pueda cumplir las necesidades y aspiraciones de sus miembros, y no es un activo que se pueda comercializar. Un título de afiliación de una cooperativa en esencia es distinta a una acción de una sociedad anónima propiedad de inversores: esta última tiene como objetivo generar una rentabilidad para el inversor, además de ganancias de capital, y, por lo general, se puede comercializar.

3 La Comisión Blue Ribbon de la Alianza sobre Capital está explorando los mecanismos prácticos que pueden utilizarse para reinvertir las reservas de carácter indivisible en la economía cooperativa.

EL AUTÉNTICO VALOR DE “AUTOAYUDA” DE LAS CONTRIBUCIONES DE CAPITAL POR PARTE DE LOS MIEMBROS.

La “Norma primera” de los Pioneros de Rochdale en sus estatutos de la Sociedad Equi¬tativa de los Pioneros de Rochdale de 1844 establecía que:

“Los objetos y planes de la Sociedad consisten en hacer preparativos para el beneficio pecuniario y la mejora de la condición doméstica y social de sus miembros mediante la obtención de una cantidad suficiente de capital en partes sociales de 1 £ cada una, para llevar a la práctica los planes y preparativos siguientes:”

En 1860, el compromiso de los Pioneros con los principios de autoayuda y autosuficiencia era tal que las “Normas de conducta” de su sociedad cooperativa establecían: “Que el capital debe ser de aportación propia…”

En 1844, los Pioneros ahorraron durante un año para acumular capital en partes sociales de 1 £ aportadas por cada miembro, una cantidad notable que equivalía al salario de una semana y media de un trabajador cualificado al inicio de la Revolución Industrial. Algunas cooperativas han reducido a una cantidad nominal sin importancia la inversión de capital exigida para convertirse en miembro y obtener derechos de votación. Esto resta valor a la afiliación y crea el peligro inherente de que los valores cooperativos fundamentales de autoayuda y responsabilidad propia no se apliquen.

Una cooperativa que dependa en gran medida de fuentes externas para dotarse del capital necesario para financiar sus actividades comerciales incurre en el riesgo de infringir el 4o principio de autonomía e independencia a través de las obligaciones financieras y de cumplimiento impuestas por prestamistas comerciales o inversores de capital riesgo.

El equilibrio entre el peso relativo del capital social y el capital externo debe someterse a la atenta vigilancia de los miembros. Una dependencia excesiva del capital externo puede llevar a una pérdida de autonomía, de independencia y del control democrático, y a que los inversores tengan más control sobre decisiones comerciales importantes como contrapartida por su inversión.

CAPITAL SOCIAL

Los títulos de afiliación tienen una doble naturaleza: otorgan el derecho a voto a los miembros y contribuyen al capital de operación que necesita una cooperativa para financiar su actividad. Debido a esta doble naturaleza, el título de afiliación y la contribución mínima al capital que se exige de los miembros debe ser asequible económicamente para todos los que necesiten los servicios de la cooperativa. No debe ser una barrera para la afiliación. Si el umbral es muy alto, se corre el riesgo de infringir el 1er principio de afiliación abierta. Si el umbral es muy bajo, se corre el riesgo de devaluar la implicación vinculada a la afiliación y descuidar el potencial de los miembros como fuente de capital. Algunas jurisdicciones permiten a las cooperativas establecerse sin capital social, con derechos de afiliación establecidos por los miembros que utilizan los servicios de la cooperativa.

El principio básico es que para tener derecho de votación es requisito para todos los miembros la posesión de un título, o de un número mínimo de partes sociales que será fijado por la asamblea general de los miembros de una cooperativa, o bien el mero hecho de utilizar la cooperativa en las jurisdicciones que así lo permitan.

Las cooperativas, como todas las sociedades mercantiles, necesitan capital para financiar y desarrollar sus actividades. Ha de favorecerse la obtención de capital a través de los miembros, pero debe limitarse la rentabilidad sobre las partes sociales básicas de los miembros que otorguen derecho a voto. Una rentabilidad sobre el capital puede justificarse como forma de compensar a los miembros por el uso que hace de él la cooperativa, o por la pérdida de valor real causada por la inflación, pero el 3er principio exige que se limite dicha compensación. Si no se limita, la exigencia de generar una rentabilidad sobre el capital social por encima de lo necesario para mantener su valor relativo reducirá el excedente repartible operativo de la cooperativa y le impedirá continuar con el desarrollo de su actividad.

No obstante, es posible que una cooperativa necesite otras fuentes de capital aparte de lo que puede obtenerse de las partes sociales básicas y con voto de los miembros. La forma preferida de obtener capital adicional es permitir que los miembros que estén dispuestos y tengan capacidad para hacerlo suscriban partes sociales adicionales sin derecho a voto. La inversión de capital o a largo plazo sin derecho a voto, en ocasiones denominadas “partes sociales sin voto”, puede recibir una compensación garantizada con un “interés al capital” para ofrecer una rentabilidad razonable por la inversión, pero sin que aumente el control. El “interés al capital” es también un incentivo para que los miembros inviertan algo más aparte de su parte social mínima con voto.

Qué es un “interés al capital” deberán decidirlo los miembros en asamblea general en función de las necesidades de capital de la cooperativa y de las condiciones del mercado financiero en las que está obteniendo el capital de sus miembros. En algunos países, a los organismos reguladores les preocupa que lo que algunos cooperativistas pueden considerar un “interés al capital” pueda atraer meras inversiones especulativas de capital. El principio guía de lo que es un “interés al capital” sigue siendo “el tipo más bajo suficiente para obtener la financiación necesaria”.

Si un miembro desea retirar capital sin voto invertido en una cooperativa, podrá recuperar su capital social sin autorización específica de la asamblea general y recibir una cantidad que será determinada por la propia cooperativa, que garantice una rentabilidad sobre la participación cooperativa del miembro de cara al enriquecimiento de la cooperativa. La cantidad no superará una cuantía que pudiese poner en riesgo la estabilidad financiera de la cooperativa. Sujeto a exigencias reguladoras nacionales, la cooperativa en asamblea general deberá aprobar el plazo de notificación previa requerida y las condiciones en que los miembros pueden retirar capital sin voto.

MIEMBROS CORPORATIVOS

Algunas cooperativas de primer grado, por razones mercantiles fundadas, permiten que personas jurídicas (entidades corporativas) se afilien y contribuyan al capital de una cooperativa. Estas cooperativas mixtas podrían estipular una división en distintas categorías de miembros, los cuales contribuyen a la cooperativa con cuantías de capital diferentes a través de sus títulos de afiliación.

Las personas jurídicas con probabilidades de contribuir al capital de cooperativas mediante la adquisición de partes sociales son otras cooperativas, mutuas y otros agentes económicos como administraciones públicas a nivel nacional, regional o local. Cuando las normas o la constitución de una cooperativa admite a personas jurídicas como miembros, existen motivos muy potentes para animar a otras empresas cooperativas o mutuas a que se afilien.

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y CAPITAL SOCIAL

En algunos países, la responsabilidad personal se interpreta como el exigir a los miembros que asuman la responsabilidad personal por cualquier pérdida en que incurra su cooperativa. En estos países no existe ninguna limitación a la responsabilidad de los  miembros respecto a las deudas que contraiga la cooperativa. En los casos en que la ley no limita la responsabilidad de los miembros, una cooperativa en dificultades económicas puede tener que convocar a los miembros para que inviertan capital adicional, ya sea mediante el aumento del número y valor de las partes sociales básicas con voto o bien solicitando que se invierta en partes sociales sin derecho a voto.

En los países que cuentan con una legislación específica para cooperativas, la respon­sabilidad económica de los miembros podría estar limitada legal o contractualmente, ya sea al valor del título de afiliación y demás capital que hayan invertido en la cooperativa, o bien a un múltiplo del mismo. El grado de responsabilidad del miembro depende por completo de la legislación del país en que opere la cooperativa y del marco regulador que deben respetar las cooperativas en sus respectivas jurisdicciones. Uno de los principales problemas políticos de las cooperativas es asegurarse de que tienen la misma capacidad de beneficiarse de la legislación nacional que limita la responsabilidad de los miembros que las sociedades de propiedad personal o que las sociedades anónimas propiedad de inversores.

Esta norma de la responsabilidad personal relativa a una contribución de capital reali­zada por los miembros de una cooperativa es importante porque se trata de la capacidad de los acreedores para reclamar el capital social como parte de los recursos de capital propios de una cooperativa que sustentan el funcionamiento mercantil de la misma.

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